José Luis Méndez Méndez
El 20 de enero de 1993 llega el turno a la administración demócrata de William Clinton, coincidente con la desaparición del socialismo como sistema mundial, la desintegración de la URSS y la supuesta caída de la Revolución Cubana por los efectos de la llamada teoría del “dominó”, derivada de esos eventos internacionales.
La ambigüedad de esta administración en su política hacia Cuba, así como la euforia triunfalista en el seno de la comunidad cubana emigrada en Estados Unidos, genera un aumento de las actividades de las organizaciones contrarrevolucionarias de derecha que se disputan el protagonismo.
Los entrenamientos en los campamentos fueron intensificados, surgen nuevas organizaciones y grupos inactivos cambian sus nombres y se incorporan a la “guerra final”; se ejecutan acciones por viejas y nuevas organizaciones como Comandos L, Ejército Armado Secreto (EAS) y otras. Los hechos se enmarcan en la tipicidad paramilitar.
Los cabecillas tradicionales como Jorge Mas Canosa son cuestionados y figuras como Armando Pérez Roura y Agustín Tamargo piden días de licencia para matar en Cuba, después de la caída de la Revolución. Surgen movimientos contra la intolerancia y en favor de un acercamiento entre la emigración y la nación, opuestos a retomar las fracasadas formas de lucha de décadas pasadas, pierden el miedo al terrorismo armado, radial y verbal que impera en el sur de la Florida y, en su conjunto, conforman un freno al desarrollo de ese tipo de acciones. A pesar de este cambio en la situación de la emigración cubana, todavía los sectores más reaccionarios imponen su voluntad y posiciones, se registran aumentos en la ejecución de acciones paramilitares solo comparables con sus antecedentes históricos.
Durante la administración de William Clinton fueron ejecutadas más acciones que en los 12 años de los mandatos republicanos. Se realizan actividades terroristas contra Cuba procedentes del territorio norteamericano, en particular del sur de la Florida. A pesar de medidas aparentes de las autoridades locales por detener la realización de tales hechos, se limitaron a detenciones temporales y procedimientos judiciales inacabados, sin continuidad efectiva y sobreseimientos de causas, todo lo cual estimuló la realización de intentos e, incluso, realización de desembarcos armados en territorio cubano. Escandaloso fue el asilo concedido al asesino de un oficial de la Marina de Guerra muerto en el puerto del Mariel en agosto de 1994.
La radio y TV “Martí”, la Ley para la Democracia en Cuba, la aparición de los llamados sectores moderados y los esfuerzos de nuevos engendros contrarrevolucionarios, con improvisados y disfrazados terroristas del pasado, como forma actualizada de complementar a la Fundación Nacional Cubano Americana y aprovechar algunos espacios políticos perdidos, son instrumentos de su lucha contra la Revolución Cubana, que se combinan con las infiltraciones, desembarcos, atentados a centros turísticos, a barcos en aguas internacionales por comerciar con Cuba, planes de atentados personales, intentos para quemar almacenes en la propia ciudad de Miami y la utilización de terceros países como base para sus acciones.
Desestabilizar al país. Complemento del terrorismo. La opción diversionista, insertada en el Carril II de la Ley Torricelli, está encaminada a desestabilizar al país por cualquier vía y método, incluyendo el uso de la contrarrevolución externa para fomentar y estimular el terrorismo interno, para desgastar, desviar la atención, recursos y fuerzas, además de ser una vía para provocar conflictos entre Estados Unidos y Cuba.
Las medidas impuestas a la emigración cubana para limitar sus nexos con Cuba, prohibiciones a su libre movimiento, limitaciones de sus derechos ciudadanos y civiles, así como las nuevas propuestas de presión originadas en los Comités Senatoriales y de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, son ejemplos de la práctica terrorista. Los acuerdos migratorios de septiembre de 1994 y la decisión del 2 de mayo de 1995 de repatriar a inmigrantes cubanos que intenten llegar a suelo estadounidense, además del paso a ese país de miles de balseros recluidos en la Base de Guantánamo, supuso un cambio en la política tradicional de privilegiar a los cubanos por encima de otros grupos de inmigrantes; sin embargo, la percepción inicial de que esta medida podría afectar a la Ley de Ajuste Cubano de 1966, fue solo un espejismo, muy pronto la emigración legal e ilegal se harían selectivas. Esta Ley, lejos de afectarse, se fortaleció, todo cubano que llegue a tierra norteamericana es elegible para recibir beneficios inmediatos, como seguridad social y trabajo, lo cual ha aumentado los privilegios excepcionales que disfrutan, no obstante integrar solo un grupo hispano mas de las decenas de nacionalidades asentadas en el sur de la Florida.
Esta medida fue rechazada por lo más reaccionario de la emigración, que la calificó como signo de debilidad y concesión hacia el gobierno cubano; esta forma de actuar de la administración Clinton dio lugar a un siniestro y lucrativo negocio, el tráfico humano de inmigrantes, condenado en decenas de resoluciones y documentos de entidades internacionales, muchos de ellos suscritos por Estados Unidos.
Lanchas veloces cruzan el Estrecho de la Florida en dirección a Cuba y regresan sobrecargadas de emigrantes cubanos, motivados por las facilidades que les otorgan y las promesas de realización del manido sueño americano. Esta política es un estimulo a una emigración desordenada, peligrosa e ilegal, que ha causado la pérdida de cientos de vidas y pone en peligro la vigencia de los acuerdos que precisamente tratan de regular el flujo migratorio entre ambos países.
En respuesta a la repatriación de inmigrantes, el 20 de mayo de 1995 la organización Alpha-66 ejecutó un ataque contra el Hotel Guitar Cayo Coco, en la costa norte de la provincia de Camagüey, acción encaminada a afectar el turismo internacional y a mantener la vigencia de la corriente paramilitar, realizada en coincidencia con un aniversario de la proclamación de la república neocolonial, en 1902, fecha que históricamente los emigrados han celebrado como suya y en desafío a los acuerdos migratorios firmados entre Cuba y Estados Unidos.
La amenaza potencial de los grupos cubanos, conectados con el aparato terrorista local, no debe ser pasada por alto por las autoridades federales y del estado de la Florida. El riesgo a la seguridad es grave, pues mucho antes de que los manuales de los paramilitares de la Florida enseñaran a fabricar explosivos caseros con nitrato de amonio y fuel-oil, los terroristas cubanos dominaban las técnicas de demolición y hacían volar por los aires a sus opositores políticos de Miami. El terrorismo doméstico en Estados Unidos también habla español.
Las acciones que se ejecutaron en los últimos meses de 1996, en particular las infiltraciones dirigidas a fomentar y abastecer, con medios militares, incluyendo explosivos, a grupos subversivos internos y los hechos cometidos durante 1997, son señales inequívocas de que los terroristas no descansarán en sus propósitos de atentar contra la Revolución.
Las autoridades de la Florida han balbuceado una política de control y neutralización selectiva de las organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano, sin embargo, la agresividad política de ese país hacia Cuba se ha incrementado, lo cual favorece y estimula nuevos intentos agresivos. No se puede olvidar que Estados Unidos puede enjuiciar y condenar a unos cuantos terroristas cubanos y paralelamente incrementar el bloqueo genocida para rendir o matar a un pueblo por hambre, ¡y qué mejor ejemplo de terrorismo que éste!
Tomado de: CubacUSA. Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.
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